El Juzgado de Instrucción número 6 de Torrelavega ha sobreseído de forma provisional la denuncia que se presentó en relación con el vertido de amoniaco de la empresa Froxá al río Besaya, que tuvo lugar en julio de 2008 y que causó la muerte de miles de peces.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Torrelavega ha determinado el sobreseimiento provisional de esta causa, porque cree que, tras las diligencias practicadas, «no aparece debidamente justificada la perpetración de un delito».

Ecologistas en Acción de Cantabria, el Gobierno de Cantabria y la Fiscalía ya han presentado un recurso contra esta decisión del Juzgado, porque consideran que en este caso está acreditada la comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Ecologistas en Acción afirma que el sobreseimiento de estas actuaciones es «improcedente» y cree que hay pruebas suficientes para procesar por esos delitos a los tres imputados en la causa: el jefe de mantenimiento, un vigilante de seguridad y un operario, que están «totalmente identificados».

Además, considera que las empresas Froxá y Johnson Controls (una subcontrata) deberían hacerse cargo de las responsabilidades civiles que puedan derivarse de los daños causados por el vertido.
El Ministerio Público ha presentado el recurso porque entiende que el auto del Juzgado «carece de fundamentación alguna». «Se ignora cuál es el argumento que conduce al instructor a estimar que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito».

El fiscal resalta que no se le ha remitido la totalidad de la causa, «ignorándose por tanto si se han practicado todas las diligencias interesadas». El Gobierno de Cantabria lamenta, por su parte, que el auto del Juzgado no contenga «la descripción del proceso intelectual» que ha llevado al juez a sus conclusiones.

En su recurso, Ecologistas en Acción explica que el vertido de amoniaco se produjo el 25 de julio de 2008 y afectó al curso bajo del río Besaya, donde causó la muerte de casi 40.000 peces.
Esta organización asegura que los análisis que realizó el Instituto Nacional de Toxicología a las muestras recogidas revelaron «valores extraordinariamente elevados de nitrógeno total y amonio», que eran «seis veces superiores a los letales para los peces».
El recurso de Ecologistas en Acción señala que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que instruyeron el atestado declararon que subieron el curso del río siguiendo el rastro de peces muertos en las orillas hasta llegar a las instalaciones de Froxá (Cartes), «a partir de las cuales no se encontraron más peces muertos».

Por su parte, la Fiscalía señala en su recurso que el vertido se produjo porque se dejó rebosar un depósito de la empresa Froxá, que contenía agua y amoniaco. Según la Fiscalía, los empleados de Froxá emplearon una metodología «manifiestamente imprudente» y no observaron «en absoluto» el procedimiento «adecuado».

El Ministerio Fiscal opina que se «prescindió por completo» del protocolo de actuación en la operación de limpieza que se estaba realizando, y agrega que la «elevada toxicidad» del vertido está acreditada. A su juicio, también está acreditada la incidencia ambiental del vertido en el Río y en el arroyo San Román.

El fiscal apunta que, además de a los peces, el vertido afectó a la fauna invertebrada, y cifra en más de 493.300 euros el importe de los daños causados y de la recuperación ambiental.