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Alegaciones al Documento de Avance del Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras del Tren del Sur

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, ha presentado alegaciones al Documento de Avance del PTEO del Tren del Sur. Por tercera vez, el Cabildo ha vuelto a obviar la preceptiva y obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica , un sistema de evaluación de planes y programas impuesto por Ley 9/2006, y cuya ausencia ha dado pie a dos anulaciones del citado Plan Territorial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sentencia de 28 de febrero de 2011, anuló por segunda vez el PTEO del Tren del Sur alegando que el plan no había sido sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. Este mismo defecto había sido ya objeto de una anterior anulación del Plan, en el que el Tribunal dictó Sentencia por vez primera aclarando que faltaba este trámite preceptivo.

Según Francisco Castro, Presidente de Ben Magec-Ecologistas en Acción, “el Cabildo de Tenerife está jugando de forma muy irresponsable con el dinero público, al reiterar a sabiendas una obra sin atender al requisito básico que dicta la Ley, y que le han recordado dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Iniciamos el Plan con 534 millones de euros, y ya vamos por unos 2.300 millones. Si el Cabildo insiste en continuar ignorando los trámites legales, que además fueron diseñados como una garantía de participación y de objetividad en la valoración de la idoneidad de un Plan para un territorio, todo indica que una nueva Sentencia volverá a paralizar este tercer Plan, y seguirá incrementándose la bolsa de dinero público perdido”.

“Por otra parte”, insiste, “el Cabildo ni siquiera ha estudiado la alternativa cero, que significaría no ejecutar la infraestructura, y en su lugar, mejorar el sistema de transporte público actual, y esto también es un requisito fundamental a la hora de elaborar una Evaluación Ambiental Estratégica, por lo tanto, es una imposición legal que el Cabildo debe estudiar seriamente”.

Al mismo tiempo, la Federación ecologista anuncia que ha presentado al Tribunal un Incidente de Declaración de Nulidad dada a la desobediencia que supone haber adjudicado dos obras relativas al tren del Sur, estando el Plan anulado y sin que se supiera si la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, la cual requiere de un amplio proceso de participación pública, arrojaría un resultado positivo o negativo.

Según Francisco Castro, “la adjudicación de las obras, estando el Plan del Tren suspendido, es un acto de extrema gravedad, no sólo por el desacato que se está cometiendo al ignorar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sino también por haber comprometido al menos 427.389 euros, adjudicados para la redacción del proyecto de electrificación de un proyecto cuyo plan ha sido declarado NULO y paralizado por orden judicial. Por último, supone una falta de respeto al proceso de participación ciudadana, puesto que está significando que el Cabildo no va a tomar en consideración ninguna de las alegaciones que fundamenten la no necesariedad de los trenes para resolver los problemas de movilidad del Tenerife”.

Por último, Ecologistas en Acción señala que una Evaluación Ambiental Estratégica es un procedimiento de carácter anticipado al diseño de cualquier infraestructura, que estudia la capacidad de asimilación de un territorio sobre un plan que, en caso de que el resultado fuera positivo, contaría con obras que se diseñarían más tarde. Por otra parte, la Evaluación Ambiental Estratégica es un estudio independiente del Estudio de Impacto Ambiental, que sí se efectúa sobre distintas alternativas de una obra ya diseñada, por lo que “esperamos que el Cabildo no intente engañar a la ciudadanía alegando que lo que está en exposición pública es una Evaluación Ambiental Estratégica, porque no es así”, señala el portavoz ecologista.

Según la Federación ecologista, “en nuestro compromiso de vigilar o velar por el procedimiento por el que se va a llevar a cabo el tercer PTE Tren del Sur, nuevamente venimos a denunciar públicamente la manera de actuar ciertos cargos públicos”, añadiendo que “en caso de que el Alto Tribunal nos otorgase la razón sobre el incidente de Nulidad planteado sobre el presente acto por ser claramente contrario al mandato de la Sentencia del TSJ; es nuestra intención promover cuantas acciones estén a nuestro alcance para exigir la responsabilidad patrimonial, e incluso para que se valorase la posibilidad de responsabilidad penal”.