Una sonrojante historia de despropósitos y cesiones a la industria nuclear.
Francisco Castejón, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 78.
Una breve cronología de las actuaciones en torno a la central de Garoña evidencian hasta que punto el Gobierno ha forzado la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear y la legislación para favorecer a los intereses de la industria nuclear.
Fue Montesquieu quien introdujo la separación de los poderes del Estado. El legislativo, el ejecutivo y el judicial deben ser poderes independientes y autónomos para que la democracia tenga calidad y funcione bien. En este diseño del Estado unas instituciones controlan a las otras, garantizando así la igualdad ante la ley entre todos los ciudadanos e impidiendo la impunidad y los abusos de poder, tanto del Gobierno como de cualquier agente privado. La violación de este principio de autonomía de los tres poderes hace que la democracia pierda calidad pues uno de los poderes, normalmente el ejecutivo, puede campar a sus anchas saltándose las normas. No importa que los integrantes de dicho poder hayan sido elegidos, un comportamiento como ese violaría las más elementales reglas de la democracia. También resulta escandaloso el legislar o gobernar al servicio de los intereses de un agente privado, por ejemplo una empresa, como veremos a continuación.
En el caso de la energía nuclear, además de estos tres poderes, existe el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Se trata de un organismo independiente, en teoría, de Gobiernos y partidos políticos. El CSN tiene capacidad legislativa, puesto que promulga normativas; ejecutiva, ya que puede vetar la apertura de una instalación o decretar su cierre; y judicial, puesto que puede proponer al Gobierno que sancione a las instalaciones que incumplan la norma, aunque en este caso es el Gobierno el que finalmente decide qué sanción imponer y la hace efectiva.
El caso de la central nuclear de Garoña ha sido un ejemplo de puesta en peligro de esta separación de poderes, puesto que el Gobierno central ha forzado la independencia del CSN y del poder legislativo mucho más allá de lo sensato. Y todo por intentar cumplir sus promesas electorales de mantener abierta Garoña y por atender a los intereses de Nuclenor, una empresa privada.
Un pulso con Garoña como rehén
Se ha producido un pulso entre el lobby nuclear y el Gobierno con el rehén de Garoña. Lógicamente, la industria nuclear intenta conseguir mejores condiciones para las centrales y, de paso y si fuera posible, para la continuidad de Garoña. El problema es que estamos hablando de una central obsoleta y con graves deficiencias de seguridad, cuyas carencias se han demostrado en el accidente de Fukushima: recordemos que el reactor número 1 de tal central era idéntico al de Garoña.
La historia empieza en 2009, bajo el Ejecutivo de Zapatero, cuando expira la autorización de explotación Garoña y el debate sobre su continuidad se convierte en más intenso y acuciante. En aquellas fechas, el Gobierno pide un informe al CSN. Este organismo resuelve que la central, que empezó a funcionar en 1971, podrá mantenerse en funcionamiento hasta 2019, a condición de que se realicen inversiones en 2013 para alcanzar unos requisitos de seguridad. En un alarde de creatividad, el CSN inaugura un nuevo concepto, el de autorización condicionada. El Gobierno decide adoptar una postura intermedia y conceder una prórroga de cuatro años, hasta julio de 2013, dejando insatisfechos tanto a los sectores antinucleares como al lobby nuclear. Sobre todo, se veía que un posible cambio de Gobierno daría al traste con esta orden de cierre. En esa época, todo el sector nuclear hace alarde de defender a los trabajadores de la central y a la comarca donde está instalada, aunque luego estos han sido los grandes olvidados en el debate actual.
En efecto, en noviembre de 2011 el PP gana las elecciones llevando en su programa la continuidad de Garoña. En Castilla y León, el PP es especialmente activo defendiendo la continuidad de la central. Y es en febrero de 2012 cuando ya el ministro de Industria, José Manuel Soria, anuncia la intención de mantener Garoña en funcionamiento. En junio de ese año, Soria emite una orden ministerial permitiendo que la central funcione hasta 2019, siempre que Nuclenor realice las reparaciones exigidas por el CSN. La orden ministerial, hecha a medida de Nuclenor, da de plazo hasta septiembre a la empresa para pedir una prórroga.
Durante la primavera y el verano de 2012 se tramita una nueva ley de medidas fiscales que gravará el combustible nuclear gastado. Esta medida que, entre otras cosas, encarecerá cada kilovatio nuclear 1,6 céntimos a partir del 1 de enero de 2013, venía impuesta por la Unión Europea para reducir los beneficios caídos del cielo de la energía nuclear e intentar reducir el déficit de tarifa. Ya en este momento, Nuclenor advierte de que la central no será rentable si no se suavizan las condiciones fiscales. El propietario de Garoña estima en unos 130 millones de euros los gastos necesarios para introducir todas las reparaciones exigidas por el CSN.
El plazo para solicitar formalmente la prórroga autorizada por el Gobierno vence sin que Nuclenor, propiedad de Iberdrola y Endesa, la pida. Todo el mundo se queda atónito: Nuclenor ha desairado al Gobierno, a pesar de que había promulgado una orden ministerial a su medida. El acto solo puede ser interpretado como una forma de presión, puesto que si Nuclenor no tenía clara la continuidad de Garoña, podría haber pedido la prórroga y tomar la decisión después. El 28 de diciembre de 2012, durante la parada para realizar la recarga, se extrae el combustible gastado del núcleo y se deposita en la piscina. Nuclenor anuncia que no encenderá ya la central y con esta medida se libra del impuesto que recaería también sobre el combustible gastado del núcleo, que equivale a tres recargas, como manera de presionar más al Gobierno. De hecho en marzo del presente año, 2013, el Ejecutivo de Rajoy anuncia una reforma del sector eléctrico: en la nueva Ley se podría intentar fijar la vida de las centrales nucleares en 60 años.
Torciendo el brazo del CSN
Entre tanto, en enero de 2013, el CSN empieza los trámites para el cese de explotación de Garoña, como es preceptivo. La parada definitiva se debería producir el 6 de julio. Durante todo este tiempo se suceden los rumores de la posibilidad de mantener Garoña en funcionamiento, alimentados por las autoridades locales del PP. Y en mayo de 2013 Nuclenor nos sorprende a todos solicitando al Ministerio de Industria una prórroga de un año más para continuar tal y como está en ese momento, en parada fría.
Contraviniendo la más elemental prudencia, el Ministerio remite la petición al CSN, pidiéndole que se pronuncie sobre la seguridad de una instalación como Garoña en un tiempo ridículo de 15 días. El CSN autoriza la prórroga el día 27, cediendo a las presiones del Gobierno, con lo que su independencia sufre un gran daño. La decisión estaba tan poco clara que se produce por mayoría simple de 3 a 2, con los votos a favor de los dos consejeros del PP y el de CiU y con el voto en contra de las dos Consejeras del PSOE. El CSN, en su resolución, pone una vez más negro sobre blanco los problemas técnicos que tiene la central y enumera las reparaciones e inspecciones que Nuclenor deberá realizar si desea volver a encender Garoña.
Sin embargo, tras la petición de Nuclenor y el visto bueno del CSN, el Ministerio de Industria no hace nada y Nuclenor no puede tramitar la solicitud de prórroga puesto que no se ha emitido la preceptiva orden ministerial. Parece que las negociaciones entre el sector nuclear y el Gobierno no llegaron a buen puerto, pero entre tanto se ha vulnerado gravemente la independencia del CSN y se violentan los papeles de los diferentes poderes.
Los trámites legales continúan y el pleno del CSN aprueba el expediente de cese de explotación el 3 de junio, que remite al Ejecutivo en tiempo, un mes antes del cese definitivo, tras miles de horas de trabajo de los técnicos del CSN. Todo indicaba que Nuclenor y el Gobierno no habían llegado a un acuerdo y Garoña cesó la explotación el 6 de julio.
Más cesiones, más despropósitos
Sin embargo, un nuevo despropósito se produce poco después, el 11 de julio. El Gobierno somete a información pública un Real Decreto Ley para la gestión responsable del combustible gastado, con el que viene a transponer una Directiva de Euratom de 2011. En este RD, se introduce de matute la posibilidad de que Garoña continúe. Se propone ni más ni menos que la modificación del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) que es una pieza clave para la legislación nuclear española. De hecho, el anterior RINR fue realizado por el propio CSN que evaluó durante el tiempo necesario todos los supuestos que deberían contemplarse. En esta ocasión, el Ejecutivo pasa por encima del CSN y le da 20 días para evaluar el nuevo RD, como al resto de los agentes públicos. Este organismo se pliega una vez más a las presiones del Gobierno, dejando clara su nula independencia, y emite un informe favorable en un tiempo récord. En esta ocasión solo se da un voto en contra por parte de la Consejera propuesta por el PSOE, Cristina Narbona, que emite un excelente voto particular.
No solo se ha vuelto a violentar al CSN, sino que con esta acción se viola la Guía de Buenas Prácticas del Organismo Internacional de la energía Atómica (OIEA), suscrita por España. En este convenio se dice explícitamente que los cambios de regulación en materia de seguridad han de realizarse sosegadamente y con estudios profundos sobre sus implicaciones.
Los cambios que el nuevo RD propone para RINR son sustanciosos. Se propone que el cese definitivo no sea tal, sino que tras el cese los propietarios de la central dispongan de un año para pedir una renovación del permiso de explotación. De esta manera se evita que el propietario tenga que pasar por todos los trámites necesarios para pedir un nuevo permiso de explotación, que son más complejos y profundos y pueden llevar tres años. Además, en el nuevo RINR, se abre la diferencia entre el cese de explotación por motivos de seguridad y por otras causas, en clara alusión a las supuestas razones económicas de Nuclenor para cerrar Garoña. En último término todos los motivos serían económicos puesto que los defectos en la seguridad se pueden paliar con cuantiosas inversiones.
Es muy improbable que Garoña vuelva a funcionar, pero con estas modificaciones en el RINR se cambia radicalmente el marco legislativo de seguridad y se abre una nueva puerta para todas las instalaciones nucleares y radiactivas. Además, la independencia del CSN ha sufrido un gran daño, mostrando que está dispuesto a plegarse al poder ejecutivo, presionado a su vez por un agente privado. De esta forma el sector nuclear ya ha conseguido una victoria y el Gobierno se la ha puesto en bandeja. ¡Si Montesquieu levantara la cabeza!
