La movilización social contra la privatización de los abastecimientos urbanos.

Annelies Broekman, Ecologistas en Acción, y Eloi Badia Casas, Ingeniería sin Fronteras

¿Es la gestión privada un modelo hegemónico?

Frente a la imagen propagandística de que en los servicios de agua no existe una gestión pública, la realidad, en cambio, nunca deja de sorprender. Actualmente la mayor parte de las entidades gestoras del ciclo del agua son públicas y sólo el 10% de la población mundial está abastecida por operadores privados (1). Aún así, se trata de un mercado que constituye una amenaza contundente a modelos de gestión públicos, transparentes y participativos: actualmente se estima que alrededor de 270 millones de personas dependen del abastecimiento por compañías privadas en más de 40 países, de los cuales 110 millones se encuentran en países del Sur global y cerca de 160 millones en países industrializados (2).

Este sector privado, contradictoriamente con los planteamientos neoliberales que lo amparan, está fuertemente monopolizado, así Suez Environment y Veolia Environment abastecen de agua potable, cada una, a más de 91 millones de personas (3) y gestionan muchos otros aspectos del ciclo a través de numerosas empresas afiliadas.

Esta percepción distorsionada se ve amplificada por la virtud camaleónica de muchas empresas privadas que adoptan una imagen de empresa pública para generar mayor aceptación o confusión. Pero sólo se corresponde con el peso dominante que tienen las grandes corporaciones del agua en las políticas nacionales e internacionales del agua que los gobiernos y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) (4) están impulsando.

Una de estas políticas, quizás de las más decisivas, son los Programas de Ajuste Estructural (PAE), impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de reducir el gasto público e incrementar los ingresos que se dirigen a hacer efectivo el cobro de la deuda externa. Esto a menudo exige la venta de los operadores públicos, es decir, la promoción de la privatización del agua. Para valorar el impacto de estos PAE solo hay que tener presente que el 90% de los países con más de un 25% de la población sin acceso al agua son países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés). De hecho, en el 30% de los casos en que el FMI se dirige a un país para hacer sus recomendaciones, incluye condiciones dirigidas a alguna forma de privatización (5), aunque sea de forma sutil como, por ejemplo, exigiendo reformas de las leyes de agua nacionales o forzando una descentralización de operadores estatales abierta a la intervención privada.

Pero el Banco Mundial, el principal agente financiador para la mayoría de los países empobrecidos tampoco se queda atrás y en el año 2002, por ejemplo, condicionó más del 80% de sus créditos en el sector del agua a alguna forma de privatización (6). De manera similar, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el periodo 1993-2005, condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua a la promoción de la participación privada (7). Y esto por no hablar de los constantes esfuerzos que realiza la OMC para que el abastecimiento de agua se contemple como un servicio comercializable dentro del Acuerdo General de Comercio y Servicios, donde los intereses de las multinacionales quedan formal y efectivamente por encima de los intereses de los estados (8).

Pero incluso con toda la maquinaria puesta en un único objetivo, la implementación del modelo liberal del agua fue desastrosa. Así, tras el fracaso de la ola de privatizaciones de los años 90 en América Latina, el rechazo social que provocó este negocio y la falta de cumplimiento con las expectativas de rendimiento, determina que los operadores privados se estén focalizando cada vez más sobre las ciudades del primer mundo: en 2011 Veolia anuncia pérdidas millonarias y se compromete a reducir el número de países donde opera, pasando de 77 a 40 países (9). Así, no sólo se observa un cambio de prioridad geográfica sino también en el modelo de implementación, pasando de contratos de concesión a la creación de Alianzas Público-Privadas (PPP). Estos nuevos modelos hacen que la división entre la administración pública del agua y saneamiento y su gestión privada se vuelva cada vez más borrosa. De este modo, el sector privado se queda con la parte rentable de la gestión del ciclo del agua y deja en manos públicas las partes más onerosas en términos económicos y de responsabilidad hacia la ciudadanía, es decir, privatizan los beneficios y socializan las deudas.

De nuevo se pueden observar modos de privatización con distorsiones de la realidad, se acuñan nuevos términos y se intentan imponer nuevos modelos, como los citados PPP. Pero la realidad nos dice que la tendencia a rescatar son los modelos de gestión públicos que son más fuertes. Actualmente, en el mundo son más numerosas las Alianzas Público-Públicas (PUP) que los PPP (10).

La movilización social en defensa del agua

La grave conflictividad de la gestión del agua orientada a priorizar los objetivos económicos de las empresas frente a las exigencias de la ciudadanía de un servicio equitativo y de calidad ha generado numerosos movimientos sociales, activos en todo el mundo, para defender este derecho.

El movimiento internacional “Justicia para el agua” (11), formado por centenares de organizaciones, lleva muchos años cosechando victorias en defensa del agua y la vida y construyendo modelos de gestión del agua que sí brindan respuestas a la crisis mundial del agua.

En Latinoamérica, el territorio en el que se han iniciado un mayor número de privatizaciones, se ha asistido a las primeras grandes victorias: el famoso caso de Cochabamba y El Alto (Bolivia), la remunicipalización del agua en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán (Argentina) o la reforma constitucional de Uruguay en 2004, entre otros, son evidentes muestras del fracaso a todos niveles del modelo privatizador impulsado por las IFIs (12).

En Asia los casos de remunicipalización en Manila o Malasia, así como los fuertes conflictos en Jakarta, constituyen un ejemplo de la incapacidad del sector privado para garantizar la universalización del servicio (13). En África, el rescate del abastecimiento de agua en Malí y Tanzania, la resistencia contra la instalación de contadores de pre-pago en Sudáfrica, las movilizaciones en Ghana y Malawi entre otros, son otros ejemplos que inspiran a muchos (14).

En todos estos casos, se puede ver cómo el sector privado nunca solucionó el problema de la falta de acceso al agua o al saneamiento básico en el mundo: 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.600 no disponen del saneamiento más elemental. Además, el centro de su actividad está localizado en los núcleos urbanos que, mediante los fondos públicos, ya disponían de buenas infraestructuras del agua y altas coberturas del servicio. Por lo tanto, crearon un mercado del agua que sólo contribuía a aumentar los costes e imposibilitar una gestión democrática del agua. Es por eso que el movimiento internacional del agua tuvo siempre en su agenda el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

En julio 2010, mediante una resolución presentada por el Gobierno de Bolivia, la Asamblea General de Naciones Unidas (15) declaró el agua y el saneamiento un derecho humano, constituyendo un importante paso adelante. No obstante, queda mucho camino para ver la implementación efectiva de este derecho pues, aunque ningún país votó en contra de la misma, siguen recetando erróneas e incapaces políticas de mercado para dar respuesta a la gestión de los bienes comunes y los servicios básicos que, tal y como históricamente se ha constatado, necesitan de otras políticas para ser garantizados.

Europa en el punto de mira, Europa en movimiento

El número de nuevos contratos de participación privada en la gestión del ciclo del agua en Europa se está ralentizando: no ha habido importantes casos de privatización en los últimos 3 años, sin embargo, sí encontramos dos grandes casos de remunicipalización en el 2010 (16): en Paris (Francia) y en Pecs (Hungría).

De hecho Europa, aún siendo la cuna de las grandes multinacionales del agua (9 de las 10 principales corporaciones del agua son europeas) el modelo de gestión privado no es el dominante, y no llegan al 30% de la gestión, tampoco en España, donde un 52% de la población española se abastece por gestión directa de los municipios, un 12% por empresas públicas, y sólo un 36% por empresas privadas (17).

El modelo de gestión privada en el abastecimiento de agua a las ciudades nació en Francia, por esa razón es particularmente significativo el proceso de remunicipalización de dos de sus principales ciudades: Grenoble y París.

En el 2001, Grenoble revertió su contrato de gestión público-privado con Suez, que duró 12 años, gracias a una sólida campaña, organizada por el movimiento local en la defensa del agua y la mayoría política, para la rescisión del contrato en el pleno municipal. Una serie de procesos judiciales permitieron dar a conocer la corrupción y el fraude que caracterizaba las prácticas de gestión adoptadas y se pudo así condenar a prisión y multar a los responsables, además de declarar la privatización y las tarifas como ilegales (18).

En 2009, finalizaba el contrato de París con Suez y Veolia. En la auditoría del servicio del agua se reveló una total falta de control sobre la “delegación” de los servicios del sector público, así como sobre el suministro de dichos servicios, además de una gran opacidad financiera y ningún control sobre las obras que se estaban realizando (19). Gracias a una clara apuesta política, desde el 1 de enero de 2010 la gestión del agua de París volvió a manos públicas, bajo un único operador llamado Eau de Paris. La reforma ha supuesto muchos esfuerzos jurídicos y políticos pero demuestra que la gestión pública es rentable y que los beneficios alcanzados (en torno a los 35 millones de euros por año) serán totalmente reinvertidos en el servicio de agua.

Actualmente, el número de municipios franceses que están empezando la reversión hacia modelos públicos está en aumento, también en ciudades más pequeñas como Toulouse, Neufchâteau, Castres, Fraisses y Varages.

En Alemania, el movimiento Berlin Water Table coordinó en febrero de 2011 un referéndum popular sobre la privatización del agua en Berlín. En esta ocasión 665.000 ciudadanos votaron en el referéndum y se recogieron más de 320.000 firmas para reclamar que se publicaran las condiciones contractuales del proceso de externalización de ciertos servicios de la empresa pública Berlín Water Works (BWB). Desde que la administración local ha vendido el 49,9% de la compañía a Veolia, en 1999, los precios han crecido un 35%, los salarios de los gestores se han triplicado y se perdieron un tercio de los puestos de trabajo. Sin embargo, la compañía ha ganado 1,3 billones de euros a repartir entre sus accionistas.

En Italia, la lucha contra una legislación que hubiera acabado con la gestión pública del agua, y garantizado al gestor privado un beneficio automático del 7% con respecto a la inversión, independientemente de la calidad del servicio, ha constituido una victoria incuestionable. Casi 27 millones de personas en Italia aprobaron, con una abrumadora mayoría del 95% y 96,3%, dos referendos sobre el agua en junio de 2011. La celebración de los referendos fue posible gracias a centenares de comités locales, asociaciones ambientalistas y del ámbito católico, organizaciones sindicales, ONG, grupos y ciudadanos particulares dispersos en todo el territorio.

Actualmente, el Foro Italiano de los Movimiento del Agua sigue defendiendo el agua como bien común, luchando para que se respete esta mayoritaria decisión popular frente a las crecientes presiones de las empresas privadas y los gobiernos locales de seguir adelante a pesar de las más del millón y medio de firmas legítimas recogidas (20).

Todos estos movimientos fortalecen y cristalizan en la Red Europea del Agua Pública (21), creada en el Foro Social Europea de Malmö, en septiembre de 2008. Los principios de esta Red se centran en el reconocimiento y garantía del derecho humano al agua, la exclusión del agua de todos los acuerdos de comercio internacionales de la Organización Mundial del Comercio, la deslegitimación del Consejo Mundial del Agua como referente para la toma de decisiones, la declaración del agua como bien común en la legislación europea y el apoyo financiero a la institución de alianzas público-públicos.

La Red ha permitido participar de manera más coordinada en el Forum Mundial Alternativo de Estambul en el 2009 para contrarrestar las políticas de privatización de los servicios de gestión del agua. La exitosa colaboración consiguió una declaración ministerial alternativa que reconocía el agua como derecho humano, ésta fue firmada por 24 países y cumplió un papel esencial para el reconocimiento posterior de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En diciembre de 2001, en Nápoles se desarrolló un nuevo manifiesto que quiere volver a dar un fuerte impulso a los grupos de la Red y plantea la realización de una iniciativa legislativa europea (22). Se trata de una nueva herramienta de democracia directa que el movimiento quiere aprovechar para poder frenar el avance de la privatización y garantizar un futuro basado en la mejora y consolidar los modelos de gestión pública, transparente y participativa.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible establecer espacios de coordinación, aprendizaje y presión a nivel europeo. El papel, cada vez más importante, de la Comisión Europea en los asuntos nacionales de los países de la UE hace necesaria la implementación de una Red Europea del Agua fuerte y consolidada en todo el territorio. Las luchas que se están desarrollando en todo el continente precisan de una articulación a todos los niveles. Las guerras del agua de América Latina, África y Asia han llegado a nuestras puertas para hacerles frente, para defender el agua y la vida es necesaria la participación de todos y todas.

Notas y referencias

1 David Hall, Public solutions for private problems?, PSIRU, septiembre de 2003.

2 Philippe Marin, Public-Private Infrastructure Advisory Facility: Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experiences in Developing Countries, World Bank, 2009, p. 6-7; disponible en www.ppiaf.org

3 Página web de Suez Environnement.

4 Las instituciones principales son las establecidas en la conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos, en julio de 1944: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, conocido como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional.

5 Sara Grusky, IMF Forces Water Privatization on Poor Countries, Globalization Challenge Initiative, 2001

6 World Bank and Center for Public Integrity Analysis.

7 Para el Cono Sur este porcentaje fue del 57%, y movilizó un total de 1.800 millones de dólares. Información disponible en Sedientos. El BID y las políticas sobre el agua, Food and Water Watch, 2007.

8 Para más información: Lluís Basteiro, La inclusión del agua en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, Enginyeria sense Fronteres, 2006.

9 Veolia's fall hurts us all. How long will it last?, Global Water Intelligence, 4 de agosto de 2011.

10 David Hall, Emanuele Lobina, Violeta Corral (PSIRU), Olivier Hoedeman, Philip Terhorst, Martin Pigeon, Satoko Kishimoto (TNI) Public-public partnerships (PUPs) in water, PSI, TNI y PSIRU, marzo de 2009.

11 Más información en la web: http://www.waterjustice.org

12 Luis Basteiro, “Con el agua al cuello: el proceso de mercantilización de la gestión del agua. Ascenso y caida de las multinacionales en Sudamérica: El caso de la inversión española en el Cono Sur”, ESFeres – Estudis 3, ISF Catalunya, 2008.

13 David Hall y Emanuele Lobina, Espejismos del agua, London, PSIRU y WDM, 2006.

14 Una documentación exhaustiva de estos casos se pueden encontrar en el libro Belén Balanyá, Brid Brennan, Olivier Hoedeman, Satoko Kishimoto and Philipp Terhorst (eds.) Reclaiming Public Water. Achievements, Struggles and Visions from Around the World, Amsterdam, CEO y TNI, 2005.

15 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento.

16 David Hall and Emanuele Lobina, Water companies in Europe 2010, EPSU, septiembre de 2010.

17 Página web de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.

18 Más información www.remunicipalization.org

19 Anne Le Strat Paris, “An example of how local authorities can regain control of water managementpor”, TNI, agosto de 2010.

20 Más información en la página web del Forum italiano dei movimenti per l´acqua: www.acquabenecomune.org

21 Más información en el blog de la European Public Water Network

22 Más información del procedimiento de la iniciativa legislativa en la web del Parlamento europeo (apartado Organización y procedimientos).