Ecologistas en Acción ha tenido acceso al borrador del informe que la Comisión Europea (CE) ha realizado sobre las pruebas de estrés de las centrales nucleares europeas basado en los informes elaborados por los organismos reguladores, asociados en el organismo europeo de reguladores ENSREG. Se trata, si finalmente se aprueba en su presente estado, de un informe más exigente con la seguridad nuclear que los propios Organismos Reguladores, incluido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español.

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Risk and safety assessments («stress tests») of nuclear power plants in the European Union

En el Informe se señalan las principales deficiencias de seguridad encontradas en las centrales nucleares europeas en general y españolas en particular. El informe reclama en todos los casos la adopción de medidas encaminadas a la instalación de medidores sísmicos que permitan detectar los terremotos; a la instalación de generadores de emergencia y equipos de trabajadores móviles que permitan actuar en la central tras la producción de la catástrofe; también reclaman la capacidad de refrigeración durante al menos una hora sin alimentación eléctrica exterior; denuncian

Este informe es un importante precedente en Seguridad Nuclear en la Unión Europea. Por un lado la Comisión Europea entra en este escabroso y conflictivo tema por primera vez, lo cual puede dar lugar a una armonización de los puntos de vista de los diferentes reguladores europeos agrupados en ENSREG, por lo menos en cuanto a los efectos del accidente de Fukushima se refiere. La CE declara la necesidad de que los niveles de seguridad exigibles y los protocolos sean compartidos por todos los reguladores.

Por otro lado, las exigencias de la Comisión van más allá de lo que los Reguladores nacionales han preconizado. En particular, la CE da la razón a Ecologistas en Acción al quejarse de la tibieza de las acciones del CSN. De hecho la CE se queja de que las pruebas no han tenido en cuenta el posible choque de un avión contra la central.

Asimismo se analiza en el informe la necesidad de que las compensaciones a las víctimas de accidente nuclear estén reguladas en el marco de la UE y que se incluyan los daños ambientales en esas compensaciones. Se pide también revisar la legislación sobre los alimentos contaminados.

Finalmente, las inversiones necesarias para llegar a los niveles de seguridad reclamados por la Comisión son muy elevadas, hecho nada despreciable. El gasto podría rondar los 25.000 millones de euros, lo que supondría un notable encarecimiento del kWh nuclear. En el caso de reactores antiguos, añade incertidumbre a su continuidad. Tal es el caso de la central nuclear de Garoña, en que el monto de las inversiones relativas a las pruebas de estrés ha contribuido, junto con otros factores, a precipitar su cierre.