En breve se tiene que fijar también el juicio oral contra los responsables de la Mina de Las Cruces por los vertidos de arsénico al acuífero de Gerena en 2008.
El juicio oral contra el ex – alcalde, Manuel Morilla Ramos, lo ha fijado el Juzgado nº 14 de lo Penal de Sevilla, a partir las diligencias previas 456/2008 iniciadas por el Juzgado de Morón de la Frontera al principio de 2008.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado, Manuel Morilla Ramos, ex – alcalde de Morón de la Frontera, durante al menos los años 2003 a 2007 no impulsó ni se preocupó en absoluto de hacer inspecciones eficaces para comprobar si se cumplía la normativa local medioambiental en materia de vertidos al alcantarillado público; ni tomó ninguna medida efectiva cuando supo que se realizaban esos vertidos; ni ordenó controlar los parámetros de los procesos de explotación de las empresas contaminantes del municipio, que eran numerosas; no ordenó examinar las arquetas de las industrias que sabía contaminantes para las aguas públicas. Tampoco adoptó ninguna medida cautelar como la suspensión de los vertidos a pesar de su notoriedad. Y lo que ya provocó la actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente es que se mostró pasivo ante los avisos de episodios contaminantes realizados por la empresa Aqualia y silenció todas las denuncias de la Guardia Civil que se realizaron, incluso cuando los agentes del SEPRONA le requerían información sobre el trámite dado por el Ayuntamiento a las denuncias policiales.
Por todo ello se le acusa de dos delitos contra el medioambiente de los artículos 325.1º y 329.1º del Código Penal, por los que, según la petición de la Fiscalía, procede imponer penas de hasta 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público y penas de hasta dos 2 años de prisión y multa de hasta 30.000 €.
Serán citados como testigos, agentes del SEPRONA, policías y técnicos municipales de Morón de la Frontera, vigilantes y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el entonces Concejal de Medio Ambiente de Morón, Antonio J. Ramírez Sierra.
Por estos hechos, desde 2003 la CHG impuso multas al Ayuntamiento de Morón por un valor superior a 1,5 millones de euros, que han tenido que soportar los ciudadanos de Morón con sus impuestos. Ecologistas en Acción ha reclamado en numerosas ocasiones a la CHG que dedique ese dinero íntegramente a labores de restauración ambiental del río Guadaíra a su paso por Morón, especialmente en la zona de la Sierra de Esparteros, contratando para ello a trabajadores del sector agrícola, desempleados después de la campaña de recogida de la aceituna.
En febrero de 2004 los vertidos producidos por las industrias de Morón, provocaron la rotura de la depuradora de Morón por fallo generalizado de los equipos y la corrosión de los cuadros eléctricos. Esta depuradora se había puesto en funcionamiento en 2002, con un coste inicial de 4 millones € y su reparación en 2008 tuvo un coste adicional de 2 millones € de dinero público de los andaluces a través de la Junta de Andalucía.
Los resultados del informe pericial que obra en el Juzgado son contundentes. Los parámetros de las analíticas sobrepasaron ampliamente los niveles permitidos para los peces, originando afecciones sobre la fauna acuática y sobre la vegetación de ribera y fluvial, causando mortandad de especies no tolerantes, reduciendo la biodiversidad y produciendo alteraciones de las especies de ribera llegando a modificar la estructura del cauce y aumentando los riesgos de desbordamientos e inundaciones en caso de lluvias puntales y en un corto periodo de tiempo.
A pesar de todo lo anterior, ninguna institución pública se ha personado en este proceso para defender los intereses generales del medio ambiente y de los habitantes de la Cuenca del Guadaíra. Ni la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que pagó el arreglo de la depuradora, ni la propia CHG que denunció los hechos, ni el Ayuntamiento de Morón, que sin embargo ha pagado 32.000€ en concepto de defensa jurídica del acusado.
Sólo Ecologistas en Acción, como asociación sin ánimo de lucro en defensa del medio ambiente, ha ejercido durante estos años la acusación popular, complementando la acusación pública ejercida por la Fiscalía de Medio Ambiente, velando por la defensa del interés general, frente a los responsables políticos, técnicos y administrativos que durante años antepusieron los intereses privados de las empresas que causaron los vertidos.
Esperemos, que aunque tarde, los responsables paguen por sus decisiones, que por acción y omisión, durante años permitieron que fueran los ciudadanos quienes pagaran con sus impuestos las consecuencias de esos vertidos.
Igualmente, Ecologistas en Acción espera que no hagan falta tantos años para que la Justicia actúe en la reciente querella iniciada contra el actual Alcalde de Morón de la Frontera y varios responsables políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, por presunta prevaricación ambiental en relación con los daños ambientales producidos en la destrucción de la Sierra de Morón.
Igualmente esperamos que en breve el Juzgado competente fije la fecha para el juicio oral contra los responsables de los vertidos de arsénico en el acuífero de Gerena realizados por la Mina de Las Cruces en 2008. En esta causa penal también ejerce la acusación popular Ecologistas en Acción, la acusación pública la Fiscalía de medio Ambiente, y también están ausentes la Junta de Andalucía y la CHG.
