Organizaciones de consumidores, sectoriales y ambientales, han presentado ante el Ministerio de Industria una batería de alegaciones técnicas y detalladas en contra del Proyecto de Real Decreto de autoconsumo eléctrico presentado por el Gobierno el pasado 5 de junio.

Las organizaciones convocantes [1], después de impulsar una iniciativa para que los ciudadanos envíen miles de escritos de alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula el autoconsumo eléctrico, han presentado en el Ministerio de Industria un documento conteniendo una batería de alegaciones más técnicas y detalladas, por considerar, entre otras cosas, que la nueva propuesta de autoconsumo incumple directivas europeas y que adolece de falta de transparencia y participación social activa de los ciudadanos.

Las principales motivos que recoge este documento son:

  • Ausencia del procedimiento específico que regule la tramitación simplificada de las instalaciones de autoconsumo.
  • Incoherencia con la Directiva de Energías Renovables.
  • Oposición al Balance Neto.
  • Penalización a los autoconsumidores que tengan almacenamiento de energía.
  • Pérdida del derecho a la tarifa PVPC y al bono social.

Además, se incluye el concepto de “inseguridad jurídica”, al dejar al criterio del Ministerio de Industria la determinación de la cuantía de los «peajes de acceso» y «otros cargos asociados a los costes del sistema» y cargos de «otros servicios del sistema» y penaliza con carácter retroactivo.

El texto recoge el trato discriminatorio a las instalaciones de energías renovables frente a la cogeneración, que tienen una exención hasta el 31 de diciembre de 2019 y niega o no reconoce la contribución de los sistemas de autoconsumo con fotovoltaica a reducir las emisiones y la dependencia energética y producir con renovables.

La propuesta de Autoconsumo basa sus restricciones y cargos en el hecho de que el sistema presta un respaldo y unos servicios a las instalaciones de generación eléctrica, cuando más bien es al revés: son las instalaciones de generación, incluidas las de autoconsumo, las que prestan un servicio al sistema, especialmente al consumir de forma instantánea la energía generada, al reducir la demanda del consumidor-generador, pero también al generar excedentes, ya que en general disminuyen la demanda total del sistema, reduciendo las pérdidas y evitando la emisión de GEI. No se tienen en cuenta los beneficios de la generación distribuida, tal y como establece la directiva de renovables en su articulado y el sentido común.

Por último, la extrema complejidad de los procedimientos administrativos que define, así como la muy deficiente redacción de la norma, confusa y hasta en ocasiones inteligible, provoca (según criterios jurisprudenciales) incidencias en el principio de seguridad jurídica y vicios de competencia.

Notas

[1] Organizaciones convocantes: ADICAE, Amigos de la Tierra, ASGECO, ATTAC, CECU, Ecologistas en Acción, Ecooo, EnerPlus, FACUA, Fundación Renovables, Goiener, Greenpeace, Holtrop SLP, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (formada por más de 350 organizaciones), SEO/Birdlife, Som Energía, UNEF, WWF España.