Es muy deseable el diálogo con todo el mundo, pero el uso político que el Ayuntamiento de Arahal hace del mismo, con un objetivo marcadamente electoralista, favorece a las mafias profesionales que se dedican al negocio de las viviendas en el campo, es un mensaje demoledor para el ciudadano cumplidor y servidores públicos que combaten esa lacra (jueces, fiscales, policías, alcaldes cumplidores, etc) y agrava el impacto sobre el medio ambiente al estimular la continuidad del negocio.

El Ayuntamiento de Arahal se está mostrando especialmente favorable a la legalización de las viviendas por encima de las exigencias legales. Recordemos que Ecologistas en Acción tiene recurrida ante el TSJA las resoluciones por las que se aprobó recientemente una modificación del planeamiento de Arahal que eliminó dos especiales protecciones del suelo no urbanizable, para facilitar la legalización de viviendas. Es decir, si la vivienda es ilegal, no se demuele, se cambia la ley.

No se trata de incautos ciudadanos extranjeros los compradores de viviendas en el campo, sino un negocio organizado para delinquir.

La política urbanística del Estado Español y de la Junta de Andalucía tradicionalmente ha sido extremadamente permisivas con las viviendas en el campo y de ahí el desastre que supone el enorme número de viviendas ilegales, que algunos calculan en el medio millón.

Fue la constatación de ese enorme desastre ambiental y el escándalo ciudadano por lo que se incluyeron los delitos por ordenación del territorio en el código penal en 1995.

Ha sido en aplicación de una política territorial y de medio ambiente acordada a nivel internacional en el seno de la ONU y de la Unión Europea, por lo que cada vez nuestras leyes se han ido modificando para adaptarse al principio de sostenibilidad. Es el caso de la Ley de Suelo de 2008, que adoptó el principio de desarrollo sostenible y considera que el suelo en situación rural, tiene un valor ambiental, y debe dedicarse al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Entre estos usos no está el residencial.

Por tanto, no se trata de retroceder 30 años al urbanismo de las cavernas, sino precisamente de todo lo contrario, avanzar en el principio de sostenibilidad y en el fortalecimiento del estado de derecho.