Según el Ministerio de Energía, Industria y Turismo, el recurso de alzada presentado por Ecologistas en Acción para evitar que la comarca de Doñana se convierta en un almacén de gas natural no responde al interés general. Con este fundamento y argumentando que la advertencia de la organización ecologista de que la ejecución del proyecto causaría perjuicios posiblemente irreversibles a Doñana no basta por sí sola si no va acompañada de una prueba sobre el alcance y efectos que conllevaría en el medio ambiente el almacenamiento subterráneo de gas en la comarca, el Ministerio ha desestimado esa parte del recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción contra la autorización a almacenar gas en Doñana.

El Ministerio de Energía, Industria y Turismo ha desestimado la solicitud de suspensión inmediata de Ecologistas en Acción presentada en el recurso de alzada contra la Resolución de 10 de marzo de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a Gas Natural Almacenamientos Andalucía S.A. la autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública al proyecto denominado Marismas Occidental en el entorno del Espacio Natural Doñana, consistente en el almacenamiento subterráneo de gas natural en la comarca de Doñana y la creación de las infraestructuras necesarias para ello.

El proyecto aprobado por el Ministerio consiste en una infraestructura gasística ubicada en la comarca de Doñana, perteneciente a un macro proyecto con el mismo promotor, Gas Natural Almacenamientos Andalucía S.A. a ejecutar en un mismo territorio en el que confluyen espacios protegidos y terrenos del entorno en la comarca de Doñana. Este macro proyecto gasístico ha sido, sin embargo, dividido en cuatro partes, cuatro proyectos fragmentados territorialmente, interconectados entre sí y dependientes unos de la ejecución de los otros. Entre estos cuatro proyectos, dos no han sido aprobados por situarse en la Red Natura 2000, uno sí se aprobó por estar fuera de ella, y el de Marismas Occidental, del que ha sido recurrida su autorización, se encuentra una parte en Zona de Interés Comunitario Doñana Oeste-Norte y contiguo al Espacio Natural Doñana.

El proyecto consiste básicamente en 16 nuevos sondeos, 13 gasoductos de interconexión y el almacenamiento del gas en los pozos agotados y su impacto no ha sido evaluado en su conjunto, careciendo de un análisis de afecciones sinérgicas, lo que ofrece dudas científicas no resueltas sobre las posible consecuencias y el impacto final en el Espacio Natural de Doñana y su entorno así como las afecciones a la Red Natura 2000.

En vista de que la evaluación de impacto ambiental adolece de la precisión necesaria para disipar cualquier duda científica razonable, Ecologistas en Acción presentó el recurso de alzada en plazo, solicitando la suspensión de la resolución invocando el principio de precaución para garantizar la protección del medio ambiente en caso de riesgo, un principio que rige las políticas de la Unión Europea cuando la evaluación científica no permite determinar el riesgo con la certeza suficiente. A ello suma la organización ecologistas que existe Jurisprudencia que no permite que una autoridad nacional, aun si es legislativa, autorice un plan o un proyecto sin haberse asegurado de que no perjudicará la integridad del lugar afectado.

El Ministerio, que dice haber ponderado los intereses de la empresa y los intereses de la organización recurrente, se ha decantado por el interés empresarial, haciendo la declaración de utilidad pública, en detrimento del espacio protegido de Doñana, la Reserva de la Biosfera declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y su comarca.

Ecologistas en Acción, estudia la posibilidad de acudir a la vía Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro del plazo de dos meses de que dispone contra esta desestimación, y no entiende las prisas de un Ministerio que está en funciones, para poner en marcha un proyecto de infraestructura gasísitica en una zona sensible como Doñana. El hecho de haber iniciado ya el procedimiento de expropiación convocando a los afectados para el próximo mes de julio en el Ayuntamiento de Almonte denota cierta urgencia que pone en duda que se respeten los dos meses de plazo para responder que tiene Ecologistas en Acción, con la previsible acción fundamentada en política de hechos consumados.

Ecologistas en Acción exige a la Junta de Andalucía, al Consejo de Participación de Doñana y a los Ayuntamientos afectados, que sean contundentes en su oposición al proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana e impidan que la comarca de Doñana se convierta en una infraestructura industrial al servicio de una empresa en detrimento del interés general. La Administración Autonómica, la Administración Local y los Órganos de Participación deben oponerse al proyecto de gas en Doñana, para su preservación como Patrimonio de la Humanidad y santuario de la vida salvaje.