La querella presentada por Ferrer, ex director de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y coordinador del CSIC en Andalucía, pretendía la imputación de Eduardo Gutiérrez, coordinador de Ecologistas en Acción de Andalucía, y Leticia Baselga, coordinadora de Ecologistas en Acción de Sevilla, por haber puesto en conocimiento de la fiscalía un contrato entre el Puerto de Sevilla y Ferrer que entendían podía ser constitutivo de delito.

La fiscalía archivó la denuncia al considerar que a los hechos denunciados no le era de aplicación el código penal sin entrar en otras consideraciones. Ferrer entendía que esta denuncia archivada era motivo de querella a los denunciantes por denuncia falsa, calumnia e injuria pero la jueza del Juzgado de Instrucción nº 8 de Sevilla ha sobreseído la querella dejando claro que no está justificada la causa.

El proyecto en cuestión, denominado “ampliar conocimiento científico del estuario del Guadalquivir” que aparenta un objetivo loable, trataría, según la interpretación que hacemos desde Ecologistas en Acción, de un intento torticero de la Autoridad Portuaria de deslegitimar el contundente estudio coordinado por el catedrático de la Universidad de de Granada Miguel Ángel Losada y de Javier Sánchez del Instituto de Ciencias Marinas del CSIC, que determinaba de forma clara la inviabilidad del dragado de profundización en las actuales condiciones del estuario pretendido por la Autoridad Portuaria de Sevilla. Si añadimos el más que demostrado desinterés de la Autoridad Portuaria por profundizar en el conocimiento científico del Estuario, como demuestra el abandono y falta de mantenimiento de las balizas de seguimiento que se instalaron para el monitoreo continuo del río, que costaron más de un millón de euros, y que el contrato con Ferrer se hiciera de forma encubierta sin publicidad, nos llevó a concluir que había motivos más que suficientes para al menos ponerlo en conocimiento de la fiscalía y que fuera ésta la que determinara el alcance jurídico de estos hechos.

Es cierto que Miguel Ferrer viene siendo uno de las personas que más desencuentros está teniendo con Ecologistas en Acción, pero no es una cuestión personal sino a resultas de que se está especializando tanto él como la fundación MIGRES que preside, en lavar la cara a proyectos de máximo impacto ambiental como son las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar.

No es baladí que Ferrer haya iniciado esta cruzada antiecologista desde que fue nombrado por el gobierno del PP como máximo responsable del CSIC a nivel andaluz.

Ecologistas en Acción no va a limitar su actividad en defensa del medio ambiente ni las denuncias de corrupción en proyectos o estudios supuestamente medioambientales por muchas querellas que nos presenten.

Afortunadamente el dragado del río Guadalquivir, motivo último de estas disputas, parece definitivamente aparcado por la contundente oposición de científicos y organizaciones sociales, y gracias a la intervención de la UNESCO.