El Programa Antídoto, que engloba a nueve organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza [1], se ha dirigido a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León para recordarle que la sustancia bromadiolona, que se ha venido utilizando como veneno para las plagas de topillo campesino en la región, ha sido excluida del Registro oficial de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura.

Se trata de un producto extremadamente peligroso y persistente en el medio natural, ya que transcurridos 318 días desde su ingesta por un roedor, la concentración en su organismo solo se reduce a la mitad. Este hecho ocasiona una cadena de envenenamientos en los depredadores de roedores, como es el caso del milano real, especie catalogada como “En peligro” y cuya principal población invernante mundial se encuentra el la comunidad autónoma. De hecho, se ha comprobado una notable disminución de las poblaciones reproductoras tratadas con rodenticidas mientras que, en los puntos donde no se ha empleado veneno en el pasado, los efectivos crecen.

La Junta de Castilla y León ha solicitado su utilización por vía de excepcionalidad al Ministerio lo que supone continuar y profundizar en el grave deterioro y desequilibrio en los sistemas agrícolas afectados.

En una carta, las nueve entidades que forman parte del Programa Antídoto -centrado en la lucha contra el envenenamiento en el medio natural- han explicado al consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que buena parte de los problemas actuales con los roedores agrícolas podrían solucionarse con las técnicas alternativas que la ley plantea antes de recurrir a venenos químicos. Sin embargo, estas medidas apenas se están aplicando, como es el caso del manejo de cultivos, labrado de las alfalfas que superen los umbrales de riesgo, destrucción mecánica de colonias o inundación de huras en alfalfas de regadío. Tampoco se ha dado prioridad a la lucha biológica, es decir, a fomentar los predadores naturales de los roedores y los hábitats de estos predadores para hacer sus poblaciones más estables y abundantes.

Asimismo, el programa Antídoto subraya que, para que puedan emplearse los rodenticidas, es preciso que se hayan puesto en marcha otras medidas no químicas y, además, han de haberse superado los umbrales poblacionales de tratamiento. En este momento, se desconocen los umbrales anualmente medidos y seguidos por zonas geográficas en Castilla y León, así como la eficacia de las medidas adoptadas. Umbrales y medidas que, por imperativo legal, debían haber sido comunicadas al Ministerio de Agricultura anualmente, desde que en 2007 se hizo la declaración de plaga, sin que así se haya hecho. La Consejería de Agricultura no ha contestado a las solicitudes de información de las ONG que hemos solicitado reiteradamente estos datos.

Por otro lado, las ONG han informado al consejero que ya en la plaga de 2007 los estudios confirmaron que las poblaciones de topillos decayeron igualmente y en iguales periodos de tiempo en las zonas tratadas con rodenticidas que en las no tratadas. Lo que se ha repetido en situaciones posteriores, al menos en 2011 y 2014.

[1] El Programa Antídoto, está formado por 9 organizaciones: Ecologistas en Acción, WWF España, SEO/Birdlife, Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS); Fundación Oso Pardo (FOP); Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ); Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA); Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES Canarias).