El Ayuntamiento de La Algaba firma un convenio de colaboración con la empresa «Cobre Las Cruces» por 600.000 euros poniendo fin a la oposición municipal al trazado de las tuberías del vertido tóxico de la Mina al Guadalquivir y dando la espalda a la Plataforma vecinal contra el vertido y a los vecinos que serán expropiados de manera forzosa.

El acuerdo ha sido respaldado por los grupos municipales de I.U., P.P.y PSOE con alguna abstención de concejales del PSOE. Antes de las elecciones municipales, todos los candidatos se posicionaron radicalmente en contra de ese acuerdo apostando por la Plataforma Ciudadana como interlocutora frente a la empresa.

Según miembros de la Plataforma la unanimidad del acuerdo está relacionada con la subida de la asignación mensual acordada en el mismo Pleno por la cual el grupo socialista pasa de percibir 60 euros para gastos de gestión a 900 euros mensuales. Esta decisión del grupo socialista de La Algaba es al menos coherente ya que es la Junta del PSOE la que ha permitido la instalación de la Mina las Cruces, que será la mina a cielo abierto mayor de Europa, ocupando 1000 hectáreas de terreno agrícola productivo que quedará como inmensa escombrera para la posteridad y ha autorizado un vertido tóxico de metales pesados al Guadalquivir que pone en peligrola salud de los habitantes de las riberas y las actividades económicas igadas a la buena calidad de las aguas como son las 35.000 hectáreas de arrozal, la acuicultura y la pesca del estuario.

El Ayuntamiento ni siquiera ha modificado el trazado de las tuberías que atravesará en buena parte zonas que en el próximo PGOU se pretenden convertir en urbanizables, por lo que esas nuevas viviendas de la Algaba se construirán encima de una tubería por la que fluyen sustancias altamente tóxicas y cancerígenas. El vertido final de estas sustancias se producirá a escasos 100 metros del casco urbano actual y quedará totalmente dentro con las ampliaciones del PGOU.

El Ayuntamiento de La Algaba, dirigido por I.U. con el apoyo del único concejal de Urbanismo del P.P., responsable precisamente de conceder las licencias municipales, vende así la voluntad popular por un dinero que irá a cubrir los sueldos y gastos de los políticos municipales, abandonando la posición mayoritaria representada por la Plataforma contra el Vertido e La Algaba de oposición al vertido tóxico y su reivindicación de que la mina recicle sus aguas residuales en sus instalaciones para conseguir el vertido cero.